La necesidad de intervenir Carabineros

(Escrita originalmente el lunes 11 de noviembre)

En la crisis que está viviendo nuestro país, ha quedado en evidencia la necesaria intervención que requiere Carabineros. El desempeño policial estos días se ha caracterizado, tanto por una incapacidad para reestablecer el orden público, como por la reacción desproporcionada de la fuerza pública. Esto ha sido agravado por las declaraciones del General Director, Mario Rozas.

Sin ir más lejos, en un último video dirigido a sus subalternos, el General dice: “nuestra mejor carta de presentación es el trabajo bien hecho”, lo que es paradójico porque el caso ha sido todo lo contrario. El General, además, dice que “siente” que lo han hecho bien. Efectivamente, todo indica que es más un sentimiento que un conocimiento fundado, ya que todas las evidencias recogidas sugieren, en términos generales, la conclusión contraria. Al efecto, se pueden dar varios datos “duros”, como el número de lesionados y querellas por (nada menos que) tortura y violación, entre otros vejámenes.

En este mismo video, el General habla de unidad y de respaldo jurídico a sus funcionarios. Esto es sumamente peligroso, porque pone de relieve la naturaleza irreflexiva del actuar policial. Si un carabinero ve que un colega está cometiendo actos reñidos con el protocolo y la moralidad, tiene el deber de enfrentarlo y denunciarlo. Sin embargo, bajo la lógica del General, vale más la unidad, y la unidad está, en este sentido, vinculada a una concepción distorsionada de la lealtad. No importa la calificación moral del hecho; lo que importa es que el otro, al ser carabinero, necesita de mi respaldo. Esto se inscribe en un nivel de conciencia convencional, según Kohlberg. El nivel de conciencia convencional y, en específico, el tercer estadio de la conciencia moral, conlleva el riesgo de aceptar de modo acrítico el orden moral que emana del propio grupo. Esto es lo que Rozas ha sugerido en su video.

En declaraciones anteriores, el General señaló que la opción de no intervenir en algunos casos obedecía a una estrategia de persecución policial. En otra ocasión señaló que el uso de arma de perdigones será – desde ese momento – acotada. Pero siempre debio haber sido así. Esta declaración reconoce, entonces, que el uso del armamento policial fue desproporcionado. 

En general, la intervención de Carabineros en muchas ocasiones ha estado marcada, tanto por un incumplimiento deliberado de su protocolo de acción, como por la falta de adecuación a las normas morales aplicables al caso. En varias ocasiones la fuerza policial ha hecho uso de gases lacrimógenos sin advertir su uso, disparando a quemarropa y a través de provocaciones deliberadas; han sido afectados centros educativos y hospitales. El uso de gases disuasivos ha sido abusivo. El uso de armas de perdigones ha establecido récords de lesionados.

Quisiera profundizar en las normas morales aplicables al caso. Si hacemos una analogía con las normas de la guerra (ius ad bellum, ius in bello), Carabineros las ha incumplido todas: en varias ocasiones interviene, no de manera reactiva sino de manera proactiva. Si interviene de manera proactiva, su intervención es injusta. Si interviene de manera reactiva, su intervención termina siendo desproporcionada. Cuando ha intervenido, ha afectado a personas no involucradas, siendo incapaces de discriminar entre quienes generan los disturbios de los simples transeúntes. De ahí que gran parte de los detenidos no sea, finalmente, formalizado, lo que constituye una persecución policial ineficaz. Por otra parte, han afectado lugares que están, por principio, ajenos a su intervención, como hospitales, colegios y universidades. Si Carabineros tuviera que ser juzgado como un ejército en conflicto, habría incumplido todas las normas morales que rigen el accionar militar en guerra. La situación se agrava cuando consideramos que, a diferencia de una eventualidad bélica, Carabineros siempre se encuentra en una posición de superioridad fáctica, y por lo tanto, requiere mayor prudencia en sus acciones.

Lo anterior se agrava las declaraciones de Rozas al respecto: las circunstancias excepcionales han supuesto un acomodo en la aplicación del protocolo, los que habían sido elaborados para “tiempos normales”. ¿Qué significa esto? ¿Qué los protocolos no pueden ser adecuadamente aplicados en circunstancias como ésta? Esta declaración es análoga a una justificación de la guerra de agresión, de los bombardeos a ciudades civiles, o de la muerte de prisioneros de guerra por “necesidad militar”. En todos esos casos, las normas de la guerra fueron suspendidas por la apelación a “circunstancias extraordinarias”. ¿Creerá realmente el General Rozas que la obligatoriedad de las normas morales puede ser suspendida considerando las circunstancias, sobre todo cuando estas normas implican un respeto a derechos fundamentales?

A propósito de la prudencia, se advierte que la intervención forsoza de Carabineros, en los hechos que hemos conocido, requiere sopesar las circunstancias y adoptar el curso de acción que implique mejores resultados (la disuación de la violencia) con los menores costos personales tanto para los efectivos policiales como para quienes deben ser disuadidos. Sin embargo, la prudencia ha estado del todo ajena al actuar de Carabineros, siendo que es una de las virtudes más importantes que debiesen tener sus efectivos.

Todo lo anterior me sugiere, como conclusión, que la estructura misma de la institución está viciada, y que ninguna “purga” servirá. Carabineros necesita una intervención de raíz, porque se han convertido en un poder fáctico ajeno a toda posibilidad de control. Si bien los tribunales están investigando el actuar policial, la aplicación justa del derecho es lenta, mientras los abusos se comenten todos los días. Mientras tanto, Carabineros está perdiendo la legitimidad social y, de paso, está manchando la imagen de Chile en el extranjero.

Una intervención de la institución se hace necesaria, porque Carabineros es una institución necesaria. La sociedad requiere confiar nuevamente en sus efectivos policiales. Pero ello sólo será posible a través de una intervención fuerte, que desmantele las prácticas endogámicas, irreflexivas, jerarquizantes, que promueva la profesionalización de sus efectivos (que han demostrado carecer de competencias profesionales en su actuar) y la reflexión crítica sobre sus propias prácticas. Toda práctica social organizada requiere de esta autorreflexión crítica para avanzar. Carabineros, como institución esencial de la vida social, no puede quedar ajena a esto.

ANEXO (sábado 16 de noviembre)

El día de ayer conocimos, sí, el acuerdo constitucional transversal (de todos aquellos partidos y diputados que reconocen y valoran la institucionalidad republicana, no del PC, ni de CS, salvo el diputado Boric). También, conocimos (a propósito de este texto) nuevamente excesos policiales: heridos oculares (¿no que ya no se iban a ocupar los balines en estos casos?), abuso de lacrimógena e intervención de espacios seguros habilitados para personas heridas. Conocimos la muerte de un manifestante que no pudo ser adecuadamente atendido por intervención policial. Como en varias veces, Carabineros actúa de modo proactivo, no en respuesta a una manifestación, y por lo tanto, de manera injusta, promoviendo la violencia nuevamente y no siendo una respuesta efectiva contra ella. Más aún, incumpliendo su deber moral fundamental de ser protectores, terminan siendo responsables, o al menos cómplices, de faltas morales graves (una lectura teológica diría, además, que han cometido pecado mortal). Su accionar causó una muerte – junto con otras variables, para ser justos – no sólo porque fueron uno de los factores propiciatorios de un problema de salud, sino también porque evitaron prestar la ayuda debida.

Es interesante notar, además, cómo el accionar de Carabineros sigue profundizando en lo que mencioné en el texto principal: si fuera un ejército en guerra, estaría incumpliendo todas las normas morales relevantes.

Finalmente, las últimas declaraciones del General Director, son desalentadoras: “no voy a dar de baja a nadie, aunque me obliguen”. La corrección, desde la dirección general, no fue alentadora: se referiría a la presunción de inocencia. Hay varios problemas con esta explicación: la presunción de inocencia es un principio jurisprudencial, y ciertamente todos estamos sujetos a él. Ello no obsta a que, mientras dure la investigación, lo que dicte la prudencia sea alejar al funcionario de sus funciones hasta que concluya la investigación, para luego retomar sus funciones si es – y sólo si es – declarado inocente. Puesto que la administración de justicia es lenta, el funcionario, eventualmente culpable, seguirá (in)cumpliendo sus funciones, poniendo en riesgo la integridad de las personas y la imagen de la institución.

Lo segundo que es grave radica en la importancia de los sumarios internos para determinar responsabilidades, las que pueden ir más allá de la responsablidad administrativa. En este sentido, el General Rozas no es una persona confiable para efectos de determinar la verdad y la justicia del caso, siendo que su intervención es fundamental para ello. Esto es una falla de la institucionalidad: considerar que quien debe dar fe de los sumarios es, a su vez, parte (eso se sigue de todas sus declaraciones que apelan a la unidad de los funcionarios policiales y de su negativa a dar de baja) implica, por defecto, que los sumarios no estarán apegados a la justicia, porque el “juez” de los mismos (Rozas) ya ha declarado que no se apegará a la verdad del caso.

Repasemos nuevamente la frase fatal: “no voy a dar de baja a nadie, aunque me obliguen”. ¿Quién lo obligará? ¿Qué lo obligará? Quien lo puede obligar es el ministro del interior o el presidente. Si no los dará de baja aunque el presidente lo obligue, entonces su poder (y el de su institución) no tiene control. Si la verdad y la justicia no lo obligan, es porque su conciencia moral está a tal punto trastocada, que la verdad y la justicia dependen en último término de lo que él crea: subjetivismo moral. Un subjetivista moral, que maneja una institución violenta, sin control superior externo por parte de las autoridades políticas, y sin un control interno por parte de su propia conciencia, es un tirano.