Crisis en Venezuela. ¿De quién es la responsabilidad moral?

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Llegó el 23F – día en que entraría la ayuda humanitaria al país venezolano – y las lecturas son disímiles, aunque queda de manifiesto que no hubo voluntad de la autoridad de facto de dejarla pasar. 

            Esto último requiere una mirada ética. Por supuesto, no sólo este hecho sino el modo en que el país se ha sumido en la crisis en la que se encuentra, la que tiene causas, y dichas causas, causantes. 

            Quisiera referirme primero a lo acontecido el día de hoy. La autoridad de facto no dejó pasar la asistencia humanitaria. Es conocido el estado de cosas en que se encuentra el país. No parecen ser razonables las visiones que, desde el régimen de facto, señalan que el problema humanitario es falso. Demos, entonces, como un hecho establecido, el que existe un problema humanitario en Venezuela.

            Dicho esto, ¿qué razones hay para no dejar pasar la ayuda? Por supuesto, hay razones políticas. Pero ¿son razones suficientemente fuertes como para no dejar pasar la ayuda? Se dice que la soberanía del país está en juego, y Maduro ha dicho que no se acepta por dignidad. Pero ¿cuál dignidad? Si no es posible par el régimen de facto solventar dichas necesidades, entonces, alguien más debe hacerlo, porque de lo que se trata son vidas humanas. Y no sólo la mantención de la vida humana, sino también su plenitud. Sin duda, no se refería a la dignidad humana como principio normativo que obliga a los particulares y a la autoridad a promover las condiciones para el desarrollo pleno de la persona y establece ciertos mínimos morales que deben ser cumplidos.

            El argumento es el siguiente: si A tiene un deber de solventar las necesidades de B, o al menos, de promover las condiciones para que las necesidades de B sean satisfechas, y si A no hace o no puede solventar las necesidades de B, entonces alguien más debe hacerlo. Si hay un C que puede solventar las necesidades de B, entonces A tiene un deber de no intervenir en la ayuda que C le presta a A.

            Bajo este esquema, el régimen de facto comete una grave falta moral no sólo al no proveer la asistencia básica a los venezolanos, sino, además, que priva de la posibilidad de que otros lo hagan por él. Lo que Maduro llamaba dignidad, es, más bien, orgullo.

            Si bien el argumento plantea una disyunción (“si A no hace o no puede”), las dos alternativas no tienen el mismo reproche moral. Si A no puede solventar las necesidades, entonces estamos en el caso que voy a tratar en el siguiente párrafo; si, por el contrario, no hace (pudiendo hacerlo), entonces hay una omisión clara del deber moral que supone el poder. En el caso que estamos viendo, me parece que A no lo hace, pudiendo hacerlo en una medida razonable (es decir, el régimen de facto podría hacer mejor las cosas). A esto se le suma el hecho de que, además, transgrede el deber de permitir que C promueva las mejores condiciones para B (no dejando entrar la ayuda humanitaria).

            No sólo el régimen de facto comete una falta moral grave a la hora de no dejar pasar la ayuda que él no puede brindar. El sólo hecho de persistir en el poder de facto constituye una falta moral grave. Este tema es más complicado que el anterior, porque supone entrar en los modos en las democracias son concebidas, y al concepto de legitimidad democrática. Bajo el supuesto (discutible, por cierto) de que la democracia es un modelo aceptable y, además, el más aceptable con relación a sus alternativas, queda, sin embargo, por ver cómo ésta puede ser concebida en cuanto a su legitimidad. Una visión minimalista plantearía lo siguiente: un gobierno G es legitimo si llega al poder mediante un procedimiento legítimo.¿Basta un procedimiento legítimo para legitimar a G? Si bien esto es discutido, uno podría pensar dos restricciones a este principio: el primero plantea que G debe respetar ciertos mínimos morales (en la jerga popular: los derechos humanos); el segundo, que cumpla adecuadamente los fines propios del gobierno, cuales son, esencialmente, en administrar el bienestar de la población. Respecto de la primera restricción, los mínimos morales pueden ser los derechos humanos de primera o de segunda generación. Cuál sea el mínimo será algo debatible, pero, al menos, es posible pensar en un mínimo-mínimo que una democracia minimalista debe respetar (los de primera generación, entre ellos, la vida y las libertades fundamentales). Respecto de la segunda restricción: uno podría pensar que un gobierno que no administra adecuadamente el bienestar de la población es incompetente como gobierno. Por supuesto, que un gobierno sea incompetente no implica de por sí que sea ilegítimo. Sin embargo, me parece que, si un gobierno es notoriamente incompetente en administrar el bien de la población, sumado a otros factores como los mencionados, entonces pierde legitimidad.

            Creo que se dan todos los factores para que el gobierno pierda legitimidad en el caso de Venezuela. En primer lugar, es muy plausible que el procedimiento por el cual Maduro llegó al poder por última vez estuvo viciado. Por lo tanto, ni siquiera la condición mínima para la legitimidad del gobierno se cumple. Ahora bien, podría pasar que, si bien el procedimiento puede ser vicioso, el modo en que el gobierno promueve los mínimos morales y el bienestar de la población hacen que adquiera legitimidad a posteriori. Habría que plantear, entonces, que el procedimiento puede ser subsanado mediante una notable competencia en la prosecución de los fines del gobierno. 

Éste, sin embargo, no es el caso del gobierno de Maduro. Aún si el procedimiento fuera legítimo, no se cumplen ninguna de las dos restricciones al principio minimalista. Como ha sido puesto de relieve por variados observadores internacionales, en Venezuela no se respetan las libertades fundamentales. Además, el nivel de vida de su población ha disminuido progresivamente. No se dan, por tanto, ninguna de las condiciones para establecer la legitimidad del gobierno de Maduro. Si no hay legitimidad para el ejercicio del poder, entonces hay una falta moral grave en persistir en el poder.

Ahora bien, concedido todo lo anterior, ¿no podría argumentarse que el estado de cosas de Venezuela ha sido promovido por poderes externos? ¿No será más bien EEUU y sus aliados quienes han boicoteado Venezuela? Me parece que no. Y supuesto que así fuera, no habría ningún mérito – y ningún demérito – en el gobierno venezolano. Supongamos que la crisis venezolana es causada por EEUU: ¿desde cuándo? ¿Desde Chávez? Mi impresión es que las cifras avalan que algunos años del gobierno de Chávez fueron buenos. Si el estado de cosas de Venezuela fue causa de EEUU desde Chávez, entonces también su bonanza. Luego, el gobierno venezolano tampoco sería responsable de su bonanza. En estricto rigor, si EEUU tuviera el poder que le atribuyen sus críticos respecto de Venezuela, tampoco tendría sentido hablar de un gobierno soberano. Si todo es causa de EEUU, entonces nada es del chavismo. Luego, el chavismo y sus gobiernos no poseen ni han poseído poder soberano. Si esto es así, ¿por qué lo defienden? Si, por el contrario, posee algún poder causal respecto de lo bueno, también respecto de lo malo. La monocausalidad de quienes defienden al chavismo atenta contra sus propias razones. Quienes responsabilizan a EEUU de la crisis venezolana tienen que lidiar con estos cuestionamientos.

En suma, creo que la responsabilidad moral por la crisis venezolana radica única y exclusivamente en el gobierno de facto. Dicho gobierno no tiene legitimidad para gobernar bajo ninguna de las condiciones indicadas anteriormente. El reproche moral radica, principal (aunque no exclusivamente) en sus líderes.